Viernes, 19 Junio 2015 16:01

Primer entregable: el derecho a la salud como un derecho fundamental

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  1. Antecedentes del derecho a la salud

En primer lugar, el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia establece que la atención en salud es un servicio público a cargo del Estado, debiéndose por ello garantizar el acceso de las personas a los servicios de promoción, protección y recuperación.

Al margen del carácter fundamental de este derecho en el caso de los menores (artículo 44 de la Constitución), lo cierto es que la Carta Magna veía a la salud como un servicio público a cargo del Estado y no como un derecho fundamental. Así, en su jurisprudencia más antigua, la Corte Constitucional solía referirse al derecho a la salud de esta forma:

[…] la salud es un servicio público a cargo del Estado, garantizándose en él a todas las personas el acceso al mismo, para la promoción, protección y recuperación de este derecho [sic]. Se agrega que corresponde al poder público organizar, dirigir, reglamentar, establecer políticas para que las personas privadas presten ese servicio, y definir las competencias a cargo de los distintos órdenes, nacional, de las entidades territoriales y de los particulares, con el fin de que se haga de manera descentralizada y participativa […]”[1].

Posteriormente, el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional hizo que se empezara a reconocer la necesidad de tutelar el derecho a la salud por conexidad; según esta tesis, su status de derecho fundamental se adquiere por su relación directa con otros derechos que sí ostentan dicho carácter, como el derecho a la vida y a la integridad física. Es decir, se le concedía al derecho a la salud la naturaleza de derecho fundamental cuando estaba atado a la vida o integridad del titular[2].

En un tercer momento, la Corte Constitucional dio el carácter de fundamental al derecho a la salud cuando se trataba de sujetos de especial protección constitucional, como los adultos mayores[3] y discapacitados.

Finalmente, este desarrollo jurisprudencial tuvo un punto de quiebre con la sentencia T-760 de 2008, donde se reconoció a la salud, de manera expresa y al margen de la conexidad o las condiciones del sujeto titular, como un derecho fundamental de los colombianos.

Esta discusión, cuyo punto culmen es la consagración legislativa del derecho a la salud como una garantía fundamental, no es solo teórica, pues implica la posibilidad de interponer una acción de tutela para proteger el derecho a la salud, sin tener que demostrar conexidad o una especial vulnerabilidad.

Con lo dicho hasta este punto, se entiende por qué la Ley Estatutaria insiste en reconocer el derecho a la salud como un derecho fundamental, que así adquiere las características de irrenunciable y autónomo; esta última condición es una muestra de la necesidad de desligar este derecho del concepto de conexidad, que en su momento se manejó jurisprudencialmente.

No obstante, esta norma reconoce una dimensión colectiva del derecho a la salud que pareciera retrotraer el análisis de la salud a la concepción de servicio público. Sobre este punto, en la sentencia que analizó la constitucionalidad de la Ley Estatutaria, la Corte Constitucional aclaró que en realidad se trata de dos facetas de la misma situación: por un lado, está la demanda del servicio por parte de quien lo necesita, la cual está formulada como el ejercicio de un derecho; y por otro, está la oferta o la incidencia alrededor de esta demanda, lo cual se presenta como expresión de un servicio público comunitario.

Como colofón de este carácter fundamental del derecho a la salud, y dado el uso reiterado que le ha dado el Tribunal Constitucional, debe mencionarse que, por otra parte, la Observación General 14 de 2000 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, establece que “la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos”.

2.El derecho a la salud en la Ley Estatutaria

En todo el texto de la Ley 1751 de 2015, el legislador insiste en reconocer el carácter fundamental del derecho a la salud. Sobre este aspecto de la ley estatutaria, que también tiene rango constitucional, es necesaria una reflexión.

A lo largo de la normativa se hace mención del derecho fundamental a la salud; pero en los artículos 1 y 2 se reconoce, de manera explícita, que el objetivo de la Ley es proteger un derecho fundamental de los colombianos, el cual tiene un carácter autónomo e irrenunciable y comprende la prestación de un servicio de manera oportuna, eficaz y de calidad.

La normativa estatutaria establece:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección.

Artículo 2°. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.

Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.

De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado.

Por último, cabe aclarar que el carácter fundamental del derecho a la salud no es aleatorio, pues cada término utilizado en su descripción y definición obedece a una serie de desarrollos constitucionales y jurisprudenciales.

3. Oportunidad, eficacia y calidad como notas características

Según el artículo 2 de la Ley 1751 de 2015, el derecho fundamental a la salud comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad, para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud.

Igual a como sucede con el carácter fundamental del derecho a la salud, la Ley Estatutaria como tal es consecuencia del desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional. El alto tribunal, en la sentencia T-206 de 2013, indicó expresamente que el servicio de salud debía ser prestado de forma ininterrumpida, completa, diligente, oportuna y con calidad, esto entendiendo, como se aclaró antes, que la connotación de servicio no altera el carácter fundamental del derecho a la salud.

4. Análisis de constitucionalidad

Hechas las aclaraciones anteriores, es imperativo mencionar el análisis que la Corte Constitucional hizo de las normas estatutarias, como parte de su control previo y automático, en la sentencia C-313 de 2014.

Sobre los artículos 1 y 2 recayó un pronunciamiento de constitucionalidad con algunas aclaraciones para cada uno.

Respecto del artículo 1, la Corte condicionó la exequibilidad de la expresión “establecer sus mecanismos de protección”, de forma que no se pueda interpretar como la posibilidad de la expedición de normas que modifiquen o afecten negativamente la acción de tutela, el mecanismo constitucional de protección de derechos fundamentales.

Respecto del artículo 2, expresó que este debe interpretarse, de manera amplia, como el acceso a la salud con miras a la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, recuperación y paliación, lo cual implicael acceso a las facilidades, establecimientos, bienes y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel de salud. Adicionalmente, la Corte estableció que, en el listado de actividades en salud, se debe incluir la recuperación, toda vez que esta tiene rango constitucional.

5. Conclusiones T2

De todo lo dicho, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

  • El derecho a la salud es de carácter fundamental y puede ser exigido a través de una acción de tutela, sin que sea necesario demostrar la conexidad con otras garantías fundamentales.
  • Si bien la consagración legislativa del derecho fundamental a la salud es importante, es un avance que ya se había dado a nivel jurisprudencial. Pero el hecho de que se encuentre consagrado a nivel legislativo evita que dependa de un determinado estado de la jurisprudencia constitucional, la cual puede variar.
  • Respecto a las características de la prestación del servicio (eficiencia, calidad y oportunidad), estas también venían siendo recogidas y exigidas a nivel jurisprudencial por la Corte Constitucional.
  • Del análisis previo y automático de la Corte, se pueden extraer dos elementos importantes: por un lado, no es posible limitar la acción de tutela como mecanismo de protección del derecho a la salud, y por otro, es necesario entender que el servicio se presta con miras a la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, lo cual implicael acceso a las facilidades, establecimientos, bienes y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel de salud.
  • La Ley Estatutaria de Salud abre la puerta a un debate sobre la muerte digna, aunque la ley no lo menciona explícitamente, toda vez que el artículo 10, literal O, establece que el paciente no puede ser sometido a tratos crueles o inhumanos, ni a ser obligado a soportar sufrimiento evitable.

[1] Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-484 de 1992; M.P.: Morón Díaz.

[2] Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-406 de 1992; M.P.: Ciro Angarita Barón.

[3] Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-001 de 2000; M.P: José Gregorio Hernández Galindo.

Visto 1095 veces Modificado por última vez en Miércoles, 16 Septiembre 2015 18:23