Jueves, 25 Junio 2015 17:04

14 puntos clave de la Ley Estatutaria de Salud

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La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) desarrolló una Guía para profesionales de la salud, que la S.C.A.R.E. pone a disposición de sus socios.

La Ley Estatutaria que establece la salud de los colombianos como un derecho constitucional, fundamental, autónomo y humano, tiene que dimensionarse como la más social de las leyes de los últimos tiempos, que fue declarada ajustada a los principios y contenidos de la Constitución Política y, como tal, dicha ley debe generar los cambios necesarios que garanticen el goce efectivo del derecho a la salud.

 

Puntos clave definidos por la Ley Estatutaria y acogidos por la Corte Constitucional:

 

  • Al ser declarada derecho fundamental autónomo, la salud se convierte en una responsabilidad suprema del Estado y goza del amparo de todas las instituciones que la conforman. La Corte, además, declara inadmisible la expedición de normas que menoscaben los mecanismos de protección de este derecho, como la acción de tutela.
  • El concepto de salud incluye promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y paliación de la enfermedad. Los usuarios del sistema deben recibir lo necesario y no ser blanco, como hasta ahora, de fragmentación o suspensión de sus beneficios. Es un concepto integral.
  • La sostenibilidad financiera no puede comprender la negación a prestar eficiente y oportunamente todos los servicios de salud debidos a cualquier usuario. Es un deber social del Estado garantizar el acceso y la financiación.
  • Derechos de los usuarios. El acceso a los recursos integrales, una información clara, un trato digno, la intimidad, el respeto de su voluntad y no asumir trabas administrativas son derechos del usuario.
  • Deberes de los usuarios. Cuidar su salud, seguir las recomendaciones médicas y cumplir con las normas.
  • El sistema de salud debe organizarse en redes integrales de servicios. Eso quiere decir que los hospitales tienen que unirse funcionalmente, de acuerdo con sus capacidades. El objetivo es que los usuarios puedan fluir por esa red, con trámites expeditos. Lo que hoy ocurre es que el enfermo debe, por sus propios medios, desde tramitar autorizaciones hasta buscar el centro asistencial que necesita.
  • Se acaba la solicitud de autorizaciones para servicios de urgencias. Se sancionan duramente las negaciones.
  • El POS, ese listado de servicios a los que la gente tenía derecho, se acaba. Los usuarios accederán a lo que requieren para recuperarse. Solo se negarán el pago de los servicios expresamente excluidos, como los tratamientos experimentales, los que no tienen beneficios probados, los que no están amparados por la ley, los que se prestan en el exterior y los cosméticos. El Ministerio de Salud tiene dos años, a partir de la expedición de la ley, para definir las exclusiones.
  • La autonomía médica ampara las decisiones propias del ejercicio, sin limitaciones de ninguna naturaleza, amparándose en la ética, autorregulación y la evidencia científica. Los médicos se deben autorregular y serán sancionados si reciben dádivas. Se eliminan los comités técnico-científicos de las EPS; las discrepancias las dirimirán las juntas médicas de las redes de prestadores. La norma ampara la decisión de los profesionales sobre los tratamientos de sus pacientes, sin ningún condicionante.
  • Se revive la libre relación médico-paciente. En adelante, lo que prescriban los profesionales de la salud a los pacientes se respeta. No pueden imponerse restricciones para que estos profesionales receten u ordenen.  Queda prohibida toda intermediación indebida entre el enfermo y  el profesional de la salud.
  • El Estado debe generar políticas específicas para las zonas desprotegidas. Los hospitales públicos no se evaluarán por sus rendimientos, sino por su beneficio social.
  • El sistema da prelación a población vulnerable y minorías, garantiza condiciones dignas de trabajo en el sector, aboga por regular los precios de las drogas y prohíbe el embargo de recursos de la salud y su uso en actividades distintas a su objeto.
  • El Estado debe regular los precios en toda la cadena que interviene en el mercado de los medicamentos, desde la fabricación hasta la dispensación. De este modo se busca que haya disponibilidad, calidad, oportunidad y precios razonables de este insumo que para la Corte es pilar fundamental de la atención en salud.

Los recursos económicos de la salud son dineros públicos, de destinación específica, es decir, sólo para pagar las prestaciones asistenciales en salud, y son declarados inembargables.

Visto 1356 veces Modificado por última vez en Miércoles, 08 Julio 2015 21:01
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